QUAY del 12/3/98
¿Quién debe poner las reglas de juego?
Por Eduardo Abenia
DecÃamos en el número anterior que gobernar consiste por una parte en administrar los recursos y por otra en fijar las reglas de juego entre los individuos de la nación.
Hoy nos ocuparemos del segundo aspecto. El parlamento dicta las leyes que fijan que conductas son aceptables y deseables para individuos e instituciones y cuales no. La ley se supone que oficializa el sentir de la sociedad sobre cada tema, interpretar ese sentir es tarea del legislador.
La ley determina si el aborto es legal o no, si libros y cigarrillos deben pagar iguales impuestos o no, si cierto tratado internacional es aceptable o no. El primero de los ejemplos refiere a la conducta de los individuos, colocando dentro de las conductas punibles al robo, secuestro, violación, rapiña, aborto, drogadicción, etc. El legislador intenta interpretar a la ciudadanÃa en cuanto a que está mal y cuan severo se debe ser en castigarlo. Su conocimiento del tema en cuanto a incidencia de los fenómenos, antecedentes internacionales etc. es mayor que el que maneja la ciudadanÃa, pero ese no es el factor determinante, aquà importa mas el sentido común y la ética.
El legislador parece sentirse una especie de padre todopoderoso de la sociedad, decide acerca de aspectos privados de los individuos en aras bien común, violentando muchas veces la libertad individual. Está claro por ejemplo que manejar un vehÃculo drogado es una conducta irresponsable que puede resultar dañina a terceros por lo cual es comprensible que se considere un delito, pero drogarse, incluso hasta morir, puede ser aceptable en un enfermo terminal o en un anciano que siente cansado de vivir, sin embargo también es delito. Claramente la ciudadanÃa esta mejor preparada para decidir, es sobre su pellejo sobre lo que se está decidiendo. La ley suele estar muy atrasada en oficializar lo que es el sentir popular, porque quienes supuestamente lo representan, no tienen la capacidad ni la valentÃa para decidir lo que hay que decidir, lo hacen cuando ya no hay mas remedio, siempre midiendo el costo polÃtico.
Otra función tÃpica de la ley es lo que podrÃamos llamar indexar la economÃa. Cuando el legislador quita impuestos a los libros y agrega nuevos impuestos a los cigarrillos, está juzgando el valor social de ambos productos. Con las posibles excepciones de las tabacaleras y los fumadores compulsivos, la mayorÃa debe estar de acuerdo con este proceder, el acuerdo no es unánime cuando se trata de televisores, camisas o martillos. Atendiendo al hecho de que son insumos de trabajo, o un lujo, a que pueden hacerse aquà o no y a muchos otros variados argumentos, productos nacionales e importados son valorados de diferentes manera por el legislador. Por ejemplo la carga impositiva que grava los productos importados, es demasiado baja para los proteccionistas y excesiva para los neoliberales. Para los primeros el martillo debe pagar menos que el TV en función de ser una herramienta, para los segundos todo debe pagar igual para no influir en los mecanismos de equilibrio del mercado. Aquà nuevamente la ciudadanÃa le lleva ventaja al legislador. Ella es la que sufre las consecuencias de escasez o sobreprecio en caso de proteccionismo furibundo y es la que sufre la desocupación provocada por la tendencia a importar todo, nadie mas interesada que ella en encontrar un equilibrio razonable. Su interés no es teorÃa polÃtica ni adhesión a ciertos principios, es su pan, su bolsillo, el problema no es técnico, es práctico y en tal sentido polÃtico.
De todo lo anterior podemos concluir que la ciudadanÃa esta mejor preparada que el legislador para legislar en los más importantes aspectos del gobierno nacional. La pregunta que nos queda por responder es ¿puede realmente hacerlo¿, ¿existe el mecanismo que permita a la ciudadanÃa ejercer su soberanÃa cumpliendo la función de gobierno sin la intermediación del sistema polÃtico?. Intentaremos demostrar que la Democracia Directa Informatizada es la herramienta que puede permitir el Gobierno de la CiudadanÃa.