La tiranía de la canalla

 

Por Eduardo Abenia
 

 

En el transcurso de una polémica sostenida en el siglo XIX sobre la conveniencia o no de introducir en nuestra normativa electoral la posibilidad de consultar a la ciudadanía a través de plebiscitos, el tan reverenciado Juan Carlos Gómez dio la opinión más tajante en contra de tal mecanismo que alguien haya manifestado públicamente en nuestro país: el plebiscito -dijo- es una forma de entregar las cuestiones de gobierno a una turba de ignorantes que no merecen en absoluto tomar parte en ese tipo de decisiones; el pueblo tomando parte de los temas parlamentarios era nada menos que "la tiranía de la canalla".

Que el pueblo tan abiertamente despreciado por Gómez lo homenajee hasta hoy en una de las principales calles de la capital puede dar una idea sobre lo difícil que ha sido para la clase política reconocer espacios de decisión autónoma de la ciudadanía y romper en el propio electorado su convencimiento de ser incapaz de tomar responsabilidades sobre sí.

Más de un siglo después buena parte del camino ha sido andado. No sólo se cuenta con el derecho a la decisión directa de asuntos concretos a través del plebiscito y el referéndum sino que en los últimos años nos hemos incluso familiarizado con su empleo, haciendo de ellos una herramienta de uso frecuente. Hemos aprendido también que esto conlleva un fruto valioso: la información sobre los temas discutidos; nunca llegamos a saber con cierto detalle sobre una cuestión de gobierno excepto cuando ésta se somete a referéndum o plebiscito. 

Desde este punto se puede intentar continuar, o regresar hacia el punto de partida, hacia la política elitista del señor Gómez, y no faltan propuestas en ninguno de los sentidos. Algún tiempo atrás un senador sugería poner mayores trabas a la realización de referéndum ya que, según decía, actualmente las firmas necesarias para iniciar el proceso pueden conseguirse en el Centenario en una tarde de clásico. Por cierto la afirmación es exagerada, pero no menos cuestionable resulta el planteo de fondo. 

Dinamizar la relación entre política y ciudadanía, es decir, entre la sociedad y la gestión de sus propios problemas, implica acercar tanto cuanto sea posible la agenda parlamentaria a la vida cotidiana. Así es que la posibilidad de interrelación entre política y sociedad que tanto alarma a nuestro senador sería precisamente uno de los mejores objetivos que podríamos plantearnos como pueblo llano de cara al abordaje de aquellos tema que nos conciernen por igual.

Si día a día la política nos implica como objetos (como personas que han de acatar sus dictámenes) ¿qué mal haría en presentarse ante nosotros también frecuentemente para consultar nuestra opinión como decisores, aunque para ello tuviera que "rebajarse" a estar en el estadio un domingo de clásico?.

Desde este punto de vista plantear, como se ha hecho en anteriores artículos, un sistema de DEMOCRACIA DIRECTA INFORMATIZADA, donde una fuerza política busque llevar al parlamento representantes sin poder de decisión individual, personas que sean solo la mano alzada de las decisiones de quienes los eligieron, constituye un desafío a la barrera que hoy separa ciudadanía y política, una barrera que los propios partidos han contribuido a erigir.

Pero es también un desafío a esa apatía de los votantes, que se ha hecho manifiesta una y otra vez. Por solo mencionar uno entre tantos ejemplos posibles, en una consulta realizada pocos días antes de la reciente convocatoria a adhesiones para un referéndum contra la ley del marco regulatorio de UTE, el 40% de los encuestados no tenía siquiera una idea aproximada sobre el motivo del llamado a las urnas. Para la forma tradicional de hacer política esto tiene poca importancia ya que ese 40% de todos modos votará a uno u otro candidato en las elecciones de 1999 y eso basta para que el sistema representativo tradicional siga su curso con la displicencia de siempre. También cabe esperar que, como queda dicho, la propia mecánica del referéndum acerque paulatinamente más información sobre el tema a la población en general.

Pero es aquí donde la propuesta de votantes-decisores, de representantes que sean emisarios de la voluntad de los electores sobre cada tema debatido, no es sólo un cambio total respecto al modus operandi de los políticos profesionales sino también una invitación a deshacerse del lastre de indiferencia con que el actual sistema nos carga cada día respecto a los problemas de nuestra sociedad, esos temas que siendo asunto de todos, a menudo dejamos pasar como cuestión de nadie.